miércoles, 23 de enero de 2013

CRISIS = PERDIDA DE LIBERTAD Y DIGNIDAD

En el último año se ha observado un descenso en las denuncias relacionadas con la violencia de género, pero ¿significa esto que ha disminuido el número de agresiones?

Diversos informes que investigan el tema a fondo han revelado una cruda realidad. Las penurias que están padeciendo millones de familias en nuestro país, frena a las mujeres maltratadas a acudir a las comisarias a denunciar e incluso a retirarlas si anteriormente la había interpuesto. En el primer semestre has descendido casi un 5% las denuncias y han aumentado un 11% las renuncias de las víctimas a seguir el proceso judicial. ¿Por qué ocurre? Uno de los motivos destacados es el temor a no encontrar empleo y verse sin recursos para salir adelante. Sabemos que el trabajo es una de las principales herramientas para combatir la violencia de género, puesto que dota de autoestima a la agredida y, en muchas ocasiones, le proporciona la autonomía e independencia necesarias para superar esta difícil situación.

Los datos obtenidos en el segundo trimestre son demoledores. Suben el número de renuncias, bajan las denuncias presentadas por la víctima incluso por sus familiares y aumenta las intervenciones de la policía y servicios sociales. Esta información denota la vulnerabilidad de las víctimas en un contexto de crisis económica como la actual.

Imaginaos su terrible realidad. Ante el pavor de que sus hijos sufran carencias económicas al abandonar el hogar familiar, prefieren anteponer su integridad física y psicológica prolongando su convivencia con este monstruo que día a día le induce a miedo y propina palizas.

Este dramático panorama obliga a las Administraciones Públicas a adoptar medidas urgentes. Entre ellas: impulsar políticas que incentiven su participación en el mercado laboral ayudándolas a recuperar su dignidad y libertad; elevar el número de jueces y juezas de lo Penal especializados/as en violencia de género y dotar de una mayor eficiencia a los servicios de atención a las vícitimas y por último que las Asociaciones destinadas a trabajar con mujeres maltratadas reciban más ayudas del Estado.

Inmaculada Montalbán presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género propone lo siguiente: desvincular las ayudas sociales del requisito previo de interponer denuncia para que las afectadas accedan a los derechos que contempla la Ley Integral de 2004. De esta forma, se verían fortalecidas antes de emprender el procedimiento judicial. Para ello, propone que sea suficiente un informe oficial y pericial que diagnostique la situación de maltrato y una armonización de la normativa autonómica en este ámbito.

¿Estáis de acuerdo con esta medida?¿ Pensáis que ayudaría o perjudicaría?


Rocío Gay

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